El interventor del Enargas realizó una nueva denuncia contra Aranguren y otros ex funcionarios

Advierten por una "administración fraudulenta" e irregularidades en las tarifas del servicio.
martes, 18 de agosto de 2020 · 14:28

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, presentó una nueva denuncia penal contra siete ex funcionarios de Energía. 

De acuerdo a información oficial, tras una serie de revisiones y auditorías realizadas para Transportadora de Gas del Sur S.A. y Camuzzi Gas Pampeana, el titular del organismo de control halló “nuevas anomalías”, junto a una serie de irregularidades. 

Frente a esto, el encargado del Enargas demandó al ex Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, al ex Subinterventor y director del ente, Daniel Alberto Perrone y al ex subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del ex Ministerio de Energía y Minería, Andrés Chambouleyron. 

Asimismo, denunció al ex interventor de la entidad, David Tezanos; al ex director nacional de Política Tarifaria y director nacional de Economía de los Hidrocarburos en el ex Ministerio de Energía y Minería, Andrés Ferraris; al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, Juan Manuel Carassale, y a la ex directora Técnica del INDEC, Graciela Cristina Bevacqua. 

“Los hechos de la denuncia se sustentan en una presunta manipulación del factor de actualización de la base tarifaria”, detallaron desde el Enargas

Según el organismo, “se habría manipulado y establecido arbitrariamente el factor de actualización de la Base Tarifaria de las licenciatarias del servicio público de transporte y distribución de gas por redes”, a un nivel superior del que hubiera surgido de un procedimiento administrativo “correcto y transparente”. 

Desde el ente explicaron que estas maniobras tuvieron un “efecto gravísimo en la economía de los argentinos, en calidad de usuarios del servicio público”. 

Bernal demandó a los ex titulares del sector energético por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. 

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